Si se lanza un dardo con los ojos vendados contra un mapa del mundo desarrollado colgado de la pared, lo más probable es que caiga en un país donde compartir archivos usando programas o protocolos de intercambio (P2P) como eMule, BitTorrent o Ares está siendo perseguido. En los países más poderosos, bajar y subir música y películas está dejando de ser fácil, y lugares como España se están convirtiendo en islas. Pero, ¿por cuánto tiempo?

La aprobación, al norte de los Pirineos, de lo que en Francia ya llaman la Ley Sarkozy contra el P2P es sólo el último ejemplo de una guerra con muchos frentes. Según esa norma, los internautas que compartan archivos perderán su conexión después de dos avisos para que dejen de hacerlo. Por desgracia para los usuarios de estas redes, el caso francés no es el único.

Si se descuenta a Rusia, en todas las naciones que forman parte del G8 -que engloba a los ocho países más poderosos de la Tierra- intercambiar archivos P2P es un delito o falta que puede acarrear diferentes sanciones. Y en los que no lo es, está camino de serlo, mediante reformas legislativas o acuerdos entre los colectivos de defensa de la propiedad intelectual y los proveedores de acceso a Internet o ISP.

El abogado Javier de la Cueva, especializado en Derecho en Internet -y que defiende al creador de varios programas de intercambio, Pablo Soto, de una denuncia multimillonaria por parte de Promusicae- cree que la llegada del modelo francés a España es cuestión de tiempo. “Está pendiente la reforma de la ley de Propiedad Intelectual, y la industria, junto a las entidades de gestión de derechos, intentarán desarrollar algo parecido a lo de Francia”.

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